La polémica por la instalación de un tanatorio crematorio en el polígono Urtinsa ha abierto un conflicto institucional de fondo en Alcorcón: la sensación de que el Ayuntamiento tiene un margen de actuación muy reducido frente a las decisiones avaladas por la Comunidad de Madrid. El proyecto, promovido por una empresa privada, ha sido autorizado tras cumplir los requisitos legales y contar con informes favorables autonómicos, pese a su proximidad a zonas residenciales.
El propio Consistorio ha reconocido que el procedimiento es reglado y que, si la actividad cumple la normativa vigente, está obligado a conceder la licencia. Sin embargo, ha decidido reabrir el expediente para revisar todos los detalles y explorar posibles vías de actuación. Una decisión que refleja la presión vecinal y la incomodidad política ante un proyecto que ha generado rechazo social.
Un proyecto privado con aval autonómico
El origen del conflicto se sitúa en la compra de una parcela en Urtinsa por parte de una empresa funeraria. A partir de ahí, se activó el procedimiento administrativo habitual: solicitud de licencia municipal y evaluación técnica.
El elemento clave es que, al encontrarse la parcela a menos de 500 metros de viviendas, era necesaria la intervención de la Comunidad de Madrid. En concreto, las direcciones generales de Salud Pública y de Transición Energética emitieron informes favorables, lo que dejó al Ayuntamiento sin capacidad de veto efectivo.
Este punto es determinante: en la Comunidad de Madrid, este tipo de instalaciones privadas se rigen por normativa autonómica y estatal, y los ayuntamientos actúan como órganos tramitadores, no decisores finales cuando todo se ajusta a la ley.
Un Ayuntamiento “maniatado” por la normativa
El caso evidencia una tensión estructural: los ayuntamientos deben conceder licencias si los proyectos cumplen los requisitos técnicos, incluso cuando existe oposición social.
Desde el Gobierno local se ha deslizado una crítica directa al modelo autonómico, al considerar que limita la capacidad municipal de decisión en cuestiones urbanísticas sensibles. La alternativa —denegar la licencia sin base legal— podría derivar en responsabilidades judiciales por prevaricación.
Este contexto explica por qué el Ayuntamiento habla ahora de “buscar soluciones” dentro de un marco muy estrecho.
Qué puede hacer el Ayuntamiento: cinco vías para frenar o condicionar el proyecto
Aunque el margen es reducido, existen herramientas que el Consistorio puede explorar:
- Revisión exhaustiva del expediente
Detectar posibles defectos técnicos, informes incompletos o incumplimientos normativos que permitan suspender o anular la licencia. - Modificación puntual del planeamiento urbanístico
Cambiar usos del suelo o introducir limitaciones a actividades funerarias en determinadas zonas, aunque esto no siempre tiene efectos retroactivos. - Solicitud de nuevos informes a la Comunidad de Madrid
Especialmente en materia de impacto ambiental, emisiones o salud pública, si existen nuevos datos o alegaciones vecinales. - Imposición de condiciones adicionales en la licencia
Restricciones horarias, medidas correctoras más estrictas o exigencias técnicas que compliquen la viabilidad del proyecto. - Acciones jurídicas o administrativas
Explorar la vía contencioso-administrativa si se detectan irregularidades o contradicciones en los informes autonómicos.
Qué pueden hacer los vecinos: cinco claves para intentar pararlo
La movilización ciudadana será determinante. Estas son las principales herramientas:
- Presentación de alegaciones formales
Tanto en el expediente municipal como ante la Comunidad de Madrid. - Recogida de firmas y presión social
Incrementar el coste político del proyecto y forzar revisiones. - Denuncias ante organismos competentes
Salud pública, medio ambiente o defensor del pueblo. - Acciones judiciales colectivas
Recursos contencioso-administrativos si existen fundamentos legales. - Movilización pública y mediática
Concentraciones, campañas en redes y visibilidad en medios.
Un patrón que se repite: decisiones autonómicas impuestas a municipios
El malestar en Alcorcón no es un caso aislado. En los últimos años, varios municipios madrileños han denunciado decisiones impulsadas o avaladas por la Comunidad de Madrid sin consenso local.
Uno de los ejemplos más citados es el del centro de menores en Fuenlabrada, cuya implantación generó un fuerte rechazo político y vecinal, pero terminó ejecutándose dentro del marco competencial autonómico.
También se han producido conflictos en materia de infraestructuras, gestión de residuos o ubicación de determinados equipamientos, donde los ayuntamientos han denunciado falta de capacidad real de decisión.
Un conflicto abierto
La reapertura del expediente por parte del Ayuntamiento de Alcorcón es, por ahora, el único movimiento institucional relevante. Sin embargo, el desenlace dependerá de si se encuentran argumentos técnicos o legales suficientes para modificar o frenar el proyecto.
Mientras tanto, el caso pone sobre la mesa un debate de mayor alcance: hasta qué punto los municipios pueden decidir sobre su propio modelo urbano cuando las competencias clave están en manos de la administración autonómica.